La Unión de Consumidores de España propone crear un órgano de control que vele por los derechos de los consumidores de las entidades bancarias
La Unión de Consumidores de España insta al Gobierno a la creación de un órgano de control y seguimiento que vele por que la publicidad se ajuste la ley, no lesione los intereses de los consumidores y cuente con todos los actores que intervienen en el proceso, y la participación de las organizaciones de consumidores.
La decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de prescindir de la autorización previa que este organismo otorgaba a las campañas publicitarias de los bancos significa eliminar el filtro más importante y uno de los pocos criterios que otorgaba credibilidad y fiabilidad al sector. El departamento que dirige la vicepresidenta Elena Salgado deja en manos del Banco de España el desarrollo del nuevo sistema de control publicitario de las entidades financieras.
Cualquier tipo de garantías que tenían los consumidores al recibir la publicidad por parte de las entidades bancarias se deja, ahora, al albur de las buenas intenciones de las propias organizaciones financieras.
Desde la UCE estamos cansados de reclamar a las autoridades competentes medidas contra los abusos que se producen en materia de productos financieros dedicados al consumo. La práctica del autocontrol, en exclusiva por parte de las entidades financieras, se ha traducido siempre en innumerables formas de abuso en contra de los intereses de los consumidores, como demuestran las miles de denuncias que se interponen por publicidad engañosa en materia de créditos. Además, omitir datos de sus productos es una práctica generalizada entre las entidades bancarias.
La Ley General de Publicidad establece como publicidad engañosa aquella que induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo manifestarse de forma expresa, de forma velada y por omisión.
Además, sustituir un control previo por un control a posteriori va a derivar en posibles casos de fraude de ley contra el consumidor, pues retirar una campaña de publicidad una vez que se ha puesto en marcha puede producir efectos irreversibles en los derechos de los consumidores.
Para más información: 956 26 58 22
Miguel A. Ruiz: 655 75 05 88
Presidente
UNION DE CONSUMIDORES DE CADIZ
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11009-CADIZ
LA UNIÓN DE CONSUMIDORES RECHAZA EN EL PARLAMENTO EL IMPUESTO DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO
Ha exigido su retirada urgente ya que se trata de una medida precipitada y meramente recaudatoria que terminarán pagando los consumidores
Una delegación de la Unión de Consumidores de Andalucía ha comparecido este mediodía en el Parlamento de Andalucía y trasladado a la Comisión de Hacienda y Administración Pública sus alegaciones al Proyecto de medidas fiscales para la reducción del déficit público.
La Unión de Consumidores es consciente de que la gravísima situación económica que se atraviesa actualmente implica la asunción de ciertas medidas tales como el incremento de la tributación de las rentas superiores a los 80.000 euros o limitar las deducciones a los adquirientes de VPO cuyos ingresos superen 5,5 veces el IPREM. Sin embargo no comparte la desaparición del tipo reducido en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados relacionados con las viviendas protegidas.
Por eso, la Unión de Consumidores ha exigido al Parlamento que tenga presente el principio de capacidad contributiva –que garantiza que los ciudadanos contribuyen en función de sus recursos– y que, a fin de garantizar el principio de solidaridad, que cada agente responda en función de sus responsabilidades.
Los representantes de los consumidores tampoco han aceptado el impuesto sobre las bolsas de plástico, ya que se trata de una medida eminentemente recaudatoria que deja muy lejos sus intenciones ecologistas. Además, este impuesto se suma a la subida del IVA y los transportes sin un análisis objetivo de costes o impactos, agravando aún más la presión fiscal sobre el consumidor sin considerar su nivel económico. Por último, gravar las bolsas de plástico tal y como se quiere hacer –de manera precipitada y sin consenso– implica costes en la gestión comercial que terminará asumiendo el consumidor.
La Unión de consumidores ha exigido de manera urgente la retirada de esta medida para su estudio y análisis en un foro en el que esté presentes los principales y siempre débiles afectados: los consumidores andaluces.
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Miguel A. Ruiz: 655 75 05 88
Presidente
