UCA-UCE traslada al Parlamento de Andalucía sus
valoraciones al Proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía,
actualmente en tramitación.
Andalucía,
22 de Abril de 2014. Esta mañana, el presidente de la
Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan Moreno, ha comparecido ante la
Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía para presentar el informe
de valoraciones de la entidad en relación al Proyecto de Ley de Transparencia
Pública de Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria. Juan Moreno ha
expresado ante esta Comisión su valoración globalmente positiva de este
Proyecto de Ley, que constituye una pieza fundamental para el establecimiento
de una sociedad democrática avanzada, al contribuir su aprobación a establecer el acceso a la información de la
ciudadanía y de sus organizaciones representativas, lo que sin duda contribuye
a la formación de opinión crítica.
Desde UCA-UCE se ha querido dejar constancia de la importancia que para
el desarrollo de esta ley tiene el actual marco de avance de las tecnologías de
la llamada sociedad de la información y la comunicación (TICS). No obstante, se
ha recordado que esta gran contribución al desarrollo y mejora de esta ley puede
verse mermada por la conocida brecha o
fractura digital. Por ello se ha animado a que esta situación sea tenida en
cuenta, previendo en la Ley de Transparencia, medidas que posibiliten el avance
en este campo con el fin de conseguir que toda la ciudadanía pueda acceder en
condiciones de igualdad a los beneficios
de esta norma.
Unión de Consumidores ha valorado también la importancia de la aprobación
previa de una norma a nivel estatal, la Ley 19/2003, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, como norma de carácter básico, pero ha
solicitado a los parlamentarios andaluces para que la norma autonómica ahonde,
en la medida de sus posibilidades, en la ampliación del ámbito de la actividad
que se somete a la transparencia. En este sentido, se ha calificado de acierto
la dedicación del Título VI de la ley andaluza al establecimiento de un régimen
sancionador, lo que contribuye a situar a Andalucía a la vanguardia de la
transparencia y prevé que la misma no sea una mera declaración de intenciones,
sino que pueda conseguirse su efectivo cumplimiento.
Desde UCA-UCE se han defendido también las previsiones contempladas en
materia de protección de datos personales, estableciendo que, cuando la
información pública contenga estos datos de carácter personal se deberá estar
en todo lugar a lo dispuesto en la legislación protectora de los mismos: la Ley
19/2003 y la Ley Orgánica 15/1999.
Para finalizar esta comparecencia, UCA-UCE, tras haber dejado constancia
de su valoración globalmente positiva por esta iniciativa y de sus observaciones
puntuales al articulado, ha querido concluir su intervención con una llamada al
necesario consenso político que debe regir la aprobación de leyes como estas
llamadas a “construir democracia”. Episodios de corrupción como los
lamentablemente vividos en nuestro país en los últimos años, han puesto en
crisis la credibilidad de administraciones públicas, de instituciones, de
partidos políticos, de sindicatos y en algunos casos, hasta de la propia
sociedad civil organizada. Para UCA-UCE, se trata ahora de abrir puertas y
ventanas por parte de todos, de trabajar conjuntamente por robustecer nuestra
democracia. “Esto nos va a exigir más a todos”, ha señalado Moreno, y por ello resulta fundamental que esta ley no
sólo haya llegado a esa Cámara con un amplio consenso social, sino lo que es
más importante, que salga de ella también con un amplio consenso político.
El deseo trasladado por la Unión de Consumidores de Andalucía es que esta
ley tampoco olvide que está llamada a conseguir el “buen gobierno” reivindicado,
tanto individualmente por la ciudadanía como por sus organizaciones
representativas, como UCA-UCE. Unión de Consumidores ha querido referirse a una
nueva manera de entender el bien y los intereses públicos, vinculadas sin duda
a la transparencia, pero también ha defendido la eficiencia y la austeridad en
el ámbito de la gestión de los recursos y fondos públicos. Para ello, ha
defendido que las administraciones y todas las entidades deberán ser
transparentes, pero no sólo éstas, sino también las personas al frente de su
dirección, que deberán moverse siempre en el estricto cumplimiento de códigos
éticos de conducta.
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Miguel A. Ruiz:
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Vicepresidente