UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA EXPONE SU VALORACIÓN CRÍTICA DEL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DEL SECTOR FINANCIERO, UCA-UCE hace un llamamiento de la Huelga General y convoca a la ciudadanía a secundar la propuesta de “UN DÍA SIN BANCOS”

 Sevilla, 7 de noviembre. Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma en número de desahucios. Los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial del pasado semestre resaltaban que en nuestra Comunidad se habían gestionado un total de 3.272 desahucios, lo que colocaba a Andalucía en el segundo puesto de las Comunidades con mayor número de desahucios. Y en este segundo semestre, aún no totalizado, la situación, lejos de moderarse se ha convertido en un reguero de noticias diarias que provoca una importante alarma social. En este contexto, desde la Unión de Consumidores volvemos a resaltar la necesidad de cambiar la legislación actual en materia de ejecuciones hipotecarias y crear instrumentos jurídicos que permitan a las familias la posibilidad de renegociar y adecuar los pagos de sus deudas a los ingresos que tengan durante un periodo de tiempo determinado. La dura realidad está poniendo de manifiesto cómo, a todas luces, el Código de Buenas Prácticas Bancarias no ha tenido la eficacia que se nos indicaba en tanto que, al ser de carácter voluntario, depende en gran medida de la buena voluntad de las entidades financieras, el aplicarlo o no. Para más desasosiego, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, vino a simplificar el proceso y los plazos de resolución de los desahucios.

Pero, ¿Quién ampara a aquellas personas que, por el indeseable momento de crisis que sufrimos, se encuentran en el otro lado de la balanza? Con el llamado Desahucio Express se está haciendo posible que miles de familias pierdan su vivienda, se queden en la calle y además continúen con una deuda de por vida con el banco. Para Unión de Consumidores resulta cuanto menos curioso que a nivel jurídico, una vez admitida a trámite la demanda por el Juzgado, se requiera al demandado, llamémosle afectado por empatía hacia él, para que en el plazo de 10 días, repetimos, 10 días, desaloje el inmueble, pague al demandante, enerve la acción de desahucio o bien, comparezca ante el juzgado, y, formulando oposición, alegue las razones por las que crea que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. Diez días son los que legalmente se requieren para poner a una familia en la calle, a lo que hay que añadir el desgaste psicológico que arrastran sus miembros al verse abocados a esta situación. Muchos son los consejos y recomendaciones que pueden aparecer en distintos medios, sobre todo a través de Internet, pero hay que hacer un análisis crítico de algunos de ellos, puesto que existen casos en los que en vez de alumbrar ante tal desesperanza, pueden ocasionar un perjuicio mayor a las personas que se encuentra en esta tesitura. En este sentido, desde Unión de Consumidores recomendamos en todo momento una previa y necesaria información de las distintas opciones que existen para evitar el desahucio, o bien, si ya es demasiado tarde, poder ganar tiempo para una mejor y eficaz defensa.

Lo conveniente sería una predisposición de las entidades financieras a negociar con sus clientes, lo que posibilitaría el poder llegar a un acuerdo con el banco, con condiciones imaginativas nuevas que abarcaran tanto una posible refinanciación, la novación de la deuda o incluso, figuras nuevas como el alquiler; todo siempre antes que llegar al extremo de dejar a una persona o familia en la calle. A este respecto y aunque rechazado como propio por el Consejo General del Poder Judicial. Que en su momento lo encargó, el informe elaborado por un grupo de magistrados de nuestro país, en su condición de privilegiados espectadores de lo que sucede ha señalado que los procedimientos hipotecarios en España son manifiestamente mejorables considerándolos “muy contundentes y muy agresivos”. En ellos, la parte deudora apenas tiene capacidad de defensa. En su informe los magistrados han hablado de “mala praxis” y han lamentado que no exista un punto de equilibrio que, en estos momentos, permita distribuir las consecuencias de la crisis económica. La realidad ha puesto de manifiesto que las entidades financieras, frente al usuario, disponen de instrumentos absolutamente privilegiados, que datan de 1909 y que ni siquiera deja margen a los jueces, como sí lo tienen a la hora de valorar las posibilidades y márgenes para el deudor, en cualquier otro tipo de crédito. El citado informe ha denunciado además que las entidades bancarias se están adjudicando las viviendas de los desahuciados por un 60% de su valor.

A estas alturas, y lejos de seguir confiando ya en la fracasada propuesta de solución basada en los Códigos de Buenas Prácticas, para Unión de Consumidores, la creciente cifra de desahucios evidencia la necesidad de importantes cambios en cuanto a la legislación española aplicable en la materia y la creación de nuevos instrumentos jurídicos que sirvan para potenciar los derechos de los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones de penuria económica. En base a ello, solicitamos nuevamente y con carácter urgente la modificación de la legislación hipotecaria con el fin de poner coto a estas desoladoras e injustas situaciones en personas que se ven impedidas de afrontar sus deudas. Una reforma, por ejemplo que otorgue al juez la posibilidad de conceder moratorias en el pago de cuotas en el caso de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad, así como posibilitar la dación en pago y evitar que la deuda hipotecaria subsista aunque se haya realizado la ejecución hipotecaria.

 PARTICIPACIONES PREFERENTES El pasado octubre, la administración de consumo de la Junta de Andalucía comunicaba el inicio de posibles expedientes sancionadores contra un total de 19 entidades financieras implicadas en la comisión de alarmantes infracciones en la venta de participaciones preferentes, una reacción contundente que desde la Unión de Consumidores de Andalucía hemos valorado muy positivamente. Lamentablemente y hasta la fecha, los servicios financieros eran un sector en el que las autoridades de consumo no entraban, al contar los mismos con organismos y servicios específicos como los del Banco de España o los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La llegada de la crisis y las necesidades de liquidez de muchas entidades financieras dieron lugar a la comercialización generalizada de productos que, aunque no eran nuevos, se comenzaron colocar de manera irregular a muchos usuarios vulnerando en muchos casos todas las “líneas rojas” que las entidades financieras nunca deberían haber sobrepasado. Este ha sido el caso de las ya tristemente conocidas participaciones preferentes en cuya comercialización se han vulnerado muy negativamente los derechos y legítimos intereses de miles de usuarios afectados. Las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía han querido invertir esta tradicional falta de actuaciones en materia de servicios financieros y han tomado cartas en el asunto.

Han basado su actuación en que los servicios de consumo de la Junta de Andalucía habían recibido ya a la fecha 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras, de las que dos de ellas acaparaban el 85% de las denuncias. Al respecto, desde la Secretaría General de Consumo se ha comunicado que, tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, su previsión era incoar los oportunos expedientes sancionadores por aquellas infracciones cometidas. Paralelamente, se ha apuntado también la necesaria colaboración que se mantiene con la Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en relación a las cláusulas abusivas detectadas en los contratos de comercialización de estas participaciones preferentes, por el posible delito que se podría haber cometido en la venta de los citados productos financieros. Igualmente se estudia la posible presentación de un recurso civil para lograr las pertinentes indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de “nulidad” de los contratos por vicio de consentimiento. Resulta urgente en este campo ofrecer respuestas a las cerca de 60.000 personas que han sido engañadas y muy probablemente estafadas por la comercialización irregular de estas participaciones preferentes.

 IMPARABLE INCREMENTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS Y en este contexto de repulsa social al comportamiento de muchas entidades financieras, una vez más, a Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE le sorprende y provoca alarma y perplejidad, los continuos abusos que se vienen sucediendo en relación al imparable aumento de las comisiones que cobran a los consumidores y usuarios. Como muestra sacamos a colación la última comunicación dirigida por BBVA a sus clientes en la que traslada a éstos que, a partir del próximo 15 de diciembre de 2012, serán de aplicación las siguientes tarifas a todas las transferencias nacionales en euros y transferencias de cuenta a cuenta entre estados miembros de la UE. Dichas transferencias -con comisiones siempre compartidas- se aplicarán de la siguiente manera: si la orden es individual, tendrán una comisión por operación de 3,75 euros; si la orden se hace en soporte magnético, de 2,25 euros y de 6 euros en transferencias “emitidas urgentes”.

Pero no queda aquí la cosa, pues la comunicación incluye otros despropósitos como la aplicación de las siguientes modificaciones en conceptos complementarios para transferencias: Las transferencias emitidas y recibidas con datos insuficientes o incorrectos llevarán una comisión adicional para el emisor y para el receptor de 15,00 € (importe fijo). Se percibirán en concepto de gastos totales de transmisión (télex, fax, swift) por operación, 10,00 € (importe fijo). Por cada petición y en concepto de gastos de emisión y envío de copia del mensaje (swift o télex) enviado por la entidad de origen como soporte a la ejecución de la orden, 3,00 €. Este es sólo un ejemplo, pero podríamos poner cientos de los que vienen practicando el conjunto de entidades que operan con nuestros ahorros. La concepción tradicional y no equivocada de la ciudadanía es que el negocio bancario parte del uso que las entidades financieras hacen con la suma de todos sus depósitos, cosa ésta que debería ser suficiente para compensarles, porque es lo que les permite hacer negocio a ellos. Lo injusto ahora es que tras cederles los ahorros, no paren tampoco de crecer año a año las comisiones que cobran por el mantenimiento de la cuenta, que en el caso del BBVA, por seguir con el ejemplo, a partir del próximo 15 de diciembre de 2012 será de 36 euros si el saldo medio del usuario no supera los 999,99 euros.

Hace tiempo, desde Unión de Consumidores venimos trasladando al conjunto de la sociedad y, especialmente a los organismos reguladores, el malestar de la ciudadanía por este imparable incremento de las comisiones bancarias en un escenario donde además, los intercambios financieros entre los ciudadanos y empresas de un espacio económico común e integrado, como la Unión Europea, debería haberse traducido en un abaratamiento de los mismos. Pero la realidad no es esa, y el botón de muestra con el que ejemplificamos esta alarma nos demuestra cómo hacer una transferencia es cada vez más caro y muchísimo más si por error emitimos o recibimos una con datos insuficientes. En cualquier caso desde Unión de Consumidores, tomando en consideración la libertad de la banca en la fijación del coste de sus productos, invitamos al conjunto de usuarios de leer con atención las comunicaciones que están recibiendo de sus entidades durante estos últimos días del año para reaccionar y reclamar ante dichas entidades si algo les sorprende o alarma y, estando en un mercado libre, perder el miedo a cambiar de banco si consideran excesivas las comisiones que les aplican.

SOBRADAS RAZONES PARA UN “DÍA SIN BANCOS” Tanto del legislador, como de las entidades reguladoras estatales y comunitarias la Unión de Consumidores sigue echando en falta una decidida apuesta por poner orden en este sector -ávido continuamente de recibir ayudas públicas para el saneamiento de sus desaguisados-, así como una decidida apuesta por la construcción de un mercado financiero europeo único más justo, más ético y más respetuoso con la posición de los consumidores y usuarios. El incremento imparable de comisiones, la comercialización irresponsable y torticera de productos financieros complejos como las participaciones preferentes, los incumplimientos de los códigos de buenas prácticas, los desahucios hipotecarios o la no aceptación de la dación en pago son motivos más que suficientes para reaccionar y evidenciar el malestar de los consumidores y usuarios.

 En este sentido Unión de Consumidores, como entidad ciudadana socialmente comprometida, no sólo secundará activamente la convocatoria de Huelga General realizada por los sindicatos, prevista para el próximo 14 de noviembre, sino que como organización de consumidores y usuarios y en reacción al malestar existente, convocará a la ciudadanía a manifestar su repulsa por el comportamiento del sector financiero a través de un simultáneo llamamiento a la ciudadanía para secundar en esa misma fecha “UN DÍA SIN BANCOS”. Un día para no acudir a ninguna oficina bancaria, para no comprar con nuestras tarjetas, para no operar en cajeros pagados comisiones por disponer de nuestro dinero, para no hacer transferencias ni pagar sus abusivas comisiones…Un día para dar un toque de atención de decir ¡BASTA!